30 de Noviembre de 2016

COLUMNA DE OPINIÓN – LOS RIESGOS DE NO PRESENTAR EL PROYECTO DE LEY MIGRATORIA | Carolina Stefoni

La información entregada por el director del DEM respecto de que probablemente no se ingresará el proyecto de una nueva Ley Migratoria, es una noticia preocupante por dos razones. La primera, y con la que todos los actores sociales están bastante de acuerdo, es que los actuales flujos migratorios son de una naturaleza que no […]

La información entregada por el director del DEM respecto de que probablemente no se ingresará el proyecto de una nueva Ley Migratoria, es una noticia preocupante por dos razones. La primera, y con la que todos los actores sociales están bastante de acuerdo, es que los actuales flujos migratorios son de una naturaleza que no tiene relación con lo que ocurría en los años setenta. La modernización del instrumento jurídico es urgente, tanto en su enfoque como en la institucionalidad que requiere.

La segunda razón es que la no presentación del proyecto, abre espacios para que la discusión se tiña de nacionalismos exacerbados que creen ver en la migración el origen de todos los males sociales, cómo si la migración fuera la responsable del incremento en la delincuencia, el narcotráfico, la precarización del trabajo, la pérdida de la seguridad social, y hasta del quiebre familiar, como algunos pretendieron argumentar, a propósito del incremento de la migración colombiana. Es fundamental que el Estado marque ciertos lineamientos de la discusión, en particular respecto de los principios centrales que deben guiar la elaboración de la ley, de modo de evitar que la discusión tome cualquier rumbo.

Lo grave de no presentar el proyecto, por lo tanto, es el vacío que comienza a ser apropiado por distintas voces que levantan iniciativas, muchas de las cuales se orientan al incremento en el control migratorio aduciendo la necesidad de que el país debe seleccionar a quienes ingresan y bajo qué condiciones lo hacen. Para ello las propuestas plantean entre otros temas, la eliminación del cambio de estatus migratorio una vez ingresado al territorio nacional; tramitar la visa desde el país de origen (como si los consulados en países como Republica Dominicana o Haití contaran con los recursos suficientes para enfrentar la demanda que se generaría), y establecer una serie de condicionantes para el ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes.

La reciente propuesta de parlamentarios pertenecientes al conglomerado Chile Vamos, y secundado por el candidato presidencial Sebastián Piñera, es un claro ejemplo. Más allá del tono inicial, que muestra en si mismo, las pasiones que puede despertar un tema como este, el argumento utilizado es la asociación entre migrantes y delincuencia, señalando que los migrantes son bienvenidos en la medida en que trabajen, pero aquellos que vengan a delinquir, no deben ingresar, o bien deben ser expulsados a la brevedad. Pues bien, de acuerdo con los datos de la Defensoría Penal Pública, los migrantes imputados representan sólo el 2% del total de imputados.

No se trata de prohibir el ingreso de los migrantes, ni de expulsarlos, sino de construir una mano de obra suficientemente vulnerable y desprotegida para que trabaje en silencio, sin reclamos ni capacidad de organizarse, en sectores tan importantes como la industria agrícola, la construcción de pequeña escala, el servicio doméstico, los servicios de limpieza, la atención en restaurantes, el trabajo en fábricas textiles, entre muchos otros sectores donde las ganancias y crecimiento son a costa de miles de hombres y mujeres que han arriesgado todo por una esquiva oportunidad para vivir dignamente.

Datos de Gendarmería por otra parte, señalan que la población extranjera recluida (en 2014) fue de 1824, de un total de 44.316, lo que representa cerca del 4%. Si la población total de migrantes a nivel nacional, no supera en ningún caso el 3%, entonces estas cifras indican que los extranjeros no participan más que los nacionales en hechos delictivos. La razón es sencilla: la migración es un proyecto de vida en el que se ha invertido demasiado como para arriesgar una sanción penal, años de cárcel o una deportación. ¿Es posible que los legisladores busquen entonces restringir el ingreso al país, utilizando un argumento que involucra a un porcentaje tan mínimo de la población migrante?

La asociación con delincuencia no es nueva, como no lo es la idea de que vienen a quitar el trabajo, la vinculación con narcotráfico y hoy en día con el terrorismo, todos mitos que ha sido desechado una y otra vez por diversas investigaciones. Todos estos argumentos, han sido utilizados en distintos períodos históricos y lugares geográficos, para restringir el ingreso de personas que buscan legítimamente una oportunidad para desarrollar sus vidas y las de sus familias.

Lo importante aquí es recordar que las mayores restricciones sólo terminan por incrementar la migración irregular. Esto significa que la migración irregular, que conlleva redes de tráfico y una altísima inseguridad para los migrantes, es una producción de las políticas implementadas en los distintos países. ¿Por qué entonces insistir en la necesidad de incrementar el control migratorio?

Hay dos argumentos que intentan explicar la postura restrictiva. El primero refiere al carácter xenófobo imperante en las sociedades actuales, de la cual Chile no es la excepción. Esto favorecería la exclusión de algunos como mecanismo de reafirmación de una supuesta identidad nacional hegemónica. Situar la alteridad en el extranjero permite asegurar el blanqueamiento de un nosotros que se piensa a si mismo como no indígena, no negro y no pobre.

El segundo argumento apunta a la naturaleza del sistema económico global. La migración irregular en tanto construcción de la política, es necesaria para el funcionamiento de las economías locales en la medida en que permite disponer de mano de obra dispuesta a aceptar las condiciones de trabajo que ningún nacional aceptaría. No se trata de prohibir el ingreso de los migrantes, ni de expulsarlos, sino de construir una mano de obra suficientemente vulnerable y desprotegida para que trabaje en silencio, sin reclamos ni capacidad de organizarse, en sectores tan importantes como la industria agrícola, la construcción de pequeña escala, el servicio doméstico, los servicios de limpieza, la atención en restaurantes, el trabajo en fabricas textiles, entre muchos otros sectores donde las ganancias y crecimiento son a costa de miles de hombres y mujeres que han arriesgado todo por una esquiva oportunidad para vivir dignamente.

Ambos argumentos están presente en las propuestas de Chile Vamos. Cualquier persona que cometa delitos, sea nacional o extranjero, deberá enfrentar en igualdad de derechos, lo que disponga la justicia, pero instalar la idea de que los migrantes son potenciales delincuentes es una irresponsabilidad política de proporciones. Esperemos que la campaña electoral se realice con la suficiente altura de miras en esta materia, pues está en juego la construcción de una sociedad multicultural, diversa, democrática e inclusiva.

Columna publicada en El Mostrador. Revísala aquí

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