Facultad
de Ciencias Sociales

12 de Diciembre de 2019

Seminario: Registro de las violaciones a los Derechos Humanos en el Chile actual

En marco del estallido social y los registros tanto audiovisuales como testimoniales difundidos, el Programa Interdisciplinar de Investigación en Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado realizó el seminario “El registro de las violaciones a los Derechos Humanos en el Chile actual”.

Moderada por Hugo Rojas -docente de la Facultad de Derecho- la instancia buscó demostrar la necesidad de poseer y construir sistemas de registro y archivo que den veracidad a los hechos ocurridos y con ello promover la reflexión en torno a su uso.

La jornada contó con dos paneles de diálogo que consistieron en la exposición de las metodologías utilizadas por organismos públicos y estatales en la realización de sus registros de violaciones de Derechos Humanos a la población chilena.

La primera mesa estuvo conformada por Tomás Pascual, abogado de la Defensoría Penal Pública, Fernanda Torres, abogada de la Defensoría de la Niñez, y Mauricio Carrasco, investigador del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Pascual explicó que los registros realizados por esta se basan principalmente en las detenciones y procedimientos de la institución que tienen como fin evitar que las violaciones a los Derechos Humanos se reiteren.

En contexto de la Protesta Social, la Defensoría Penal Pública registró un total de 1666 detenciones desde el inicio del estallido al 25 de noviembre, resultando un 5,8% de estas declaradas ilegales. En cuanto a violencia institucional, el 85% de las denuncias fue hecha contra Carabineros.

Por parte de la Defensoría de la Niñez, la abogada Fernanda Torres expuso que uno de los principales conflictos en torno a la niñez es que si bien han existido vulneraciones a sus derechos desde antes del estallido social -por ejemplo, en el uso desmedido de fuerza policial contra estudiantes secundarios o niños Mapuches- cuando más se hicieron evidentes fue al inicio de este con las evasiones masivas -impulsadas por jóvenes estudiantes- y la represión ejercida contra estos.

A la fecha los casos denunciados a la institución han aumentado en un 541%, antes de las revueltas sociales se tenía un aproximado de 50 denuncias mientras que en la actualidad van 450 casos, 240 de ellos correspondientes a niños del SENAME.

Entre los obstáculos que ha tenido la Defensoría de la Niñez están principalmente la falta de acceso a la información (no se entregan los datos correspondientes a atenciones médicas o detenciones policiales), la poca urgencia que se la da a denunciar los hechos y el poco interés en considerar los intereses de los niños en cuanto al acontecer nacional.

El trabajo realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos estuvo enfocado principalmente la observación directa de comisarías y centros de atención de salud. Entre los resultados de estos registros quedaron al descubierto 1540 casos de tortura y violencia innecesaria y 32 casos que atentan contra el derecho a la vida: reflejados en el caso de Abel Acuña, a quién se le impidió acceder a atención médica mientras sufría un paro cardiorrespiratorio mientras se manifestaba en Plaza Italia.

La principal brecha identificada por el INDH fue el desconocimiento de parte de personal de la Salud, quienes en su mayoría, o desconocían que debían reportar los casos de violaciones a derechos humanos, o no sabían cuáles eran los procedimientos a seguir.

Mauricio Carrasco, investigador del Instituto, declaró en relación a las cifras que estas no son oficiales ya que no representan el total de los afectados, “sólo estamos constatando cerca del 10% del total de las violaciones a Derechos Humanos”.

El segundo panel incluyó distintas organizaciones civiles que trabajan de forma voluntaria expusieron su trabajo.

Valentina López, abogada de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, recalcó que el trabajo de la de la organización se realiza en comisiones, y por ende no existe un registro único de los acontecimientos, pero todas coinciden en que uno de los principales problemas identificados son las llamadas “cifras negras”, relacionadas a los ciudadanos extranjeros que por miedo a que los expulsen del país no denuncian las situaciones de vulneración de derechos. Otra de las brechas identificadas fueron las “prácticas institucionales que generan condiciones favorables para que se produzcan vulneraciones graves”, que se reflejan por ejemplo, en el retraso del registro de detenciones, lo que no permite a los familiares de un detenido saber dónde está o por cuáles comisarías ha pasado. Además, del total de 2239 denuncias que ha recopilado la Defensoría Jurídica, 1600 fueron hechas contra Carabineros.

Por su parte, la Comisión Chilena de Derechos Humanos realiza una labor más enfocada en el acompañamiento a víctimas con unidades de Atención Jurídica y Psicológica, por lo que en lugar de buscar acaparar más casos, prefieren trabajar de forma cualitativa. Sandra Piñeiro -directora de la comisión- hizo hincapié en denunciar los casos de vulneraciones, pues según sus estadísticas, de 600 registros de casos, sólo el 10% llega a ser una causa judicial debido al miedo de enfrentarse al proceso.

Como última institución civil, el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile -representado por la Doctora Ana Tania Toro- demostró que sus registros son más gráficos, pues abarcan desde testimonios y declaraciones a imágenes y muestras médicas de los afectados. Además de realizar trabajo colaborativo con instituciones como Amnistía Internacional en la identificación de armas y químicos usados por las policías y sus efectos en los manifestantes, el Departamento realiza capacitaciones sobre el Protocolo de Estambul, que se encarga del registro efectivo sobre torturas, castigos y tratamiento crueles o inhumanos.

A pesar de que cada organización tiene enfoques que las hace diferenciarse de las otras, todas coinciden en que existen constantes que se repiten: cerca del 85% de las denuncias de civiles se realizan contra Carabineros, no existe una cifra exacta de casos de violación de Derechos Humanos -ya que muchas personas no denuncian- y en los casos de Violencia Sexual -desnudamientos, tocaciones, amenazas y ejecución de violaciones- las principales afectadas son mujeres y miembros de la comunidad LGBTQ+.

Estas variantes nos invitan a reflexionar sobre la relevancia de la labor de estas organizaciones y en las prácticas que se están llevando a cabo por parte de las instituciones que deben velar por nuestro bienestar durante un estallido social.

Más noticias