Participaron Ivo Gacic, docente del departamento de Geografía de la UAH; Juan Correa, coordinador de investigación aplicada de la fundación Vivienda; Pía Mora, coordinadora de ‘Ciudad con todos’ del Centro de políticas públicas de la UC; y Eduardo Minder, presidente de la comisión de Ciudad y Territorio de la Cámara Chilena de la Construcción.
La conversación se centró en diversos aspectos sociales y técnicos de la integración urbana, particularmente del proyecto de ley de integración urbana que se está tramitando actualmente en el Congreso.
Para Ivo Gacic “al hablar de integración urbana se deben distinguir dos conceptos: por un lado se entiende la integración urbana como la promoción de políticas de mix social, es decir juntar a ricos y pobres. Y, por otro lado, se entiende como la integración de los pobres a través del acceso a los bienes públicos urbanos. “Cuando uno trabaja con los comités de allegados y les pregunta dónde quieren vivir siempre la respuesta es que quieren vivir en sus barrios. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es llevar el Estado a la periferia, llevar los bienes públicos urbanos a esos barrios. El proyecto de ley no aborda esto último y se tiene que aclarar lo que se entiende por integración”.
Juan Correa coincidió con Gacic sobre este último punto, “pocos se han preguntado qué quieren las familias. Los pobladores no quieren dejar sus viviendas. Más de la mitad de los allegados, o sea cerca de 95 mil familias de allegados se concentran en el anillo pericentral de Américo Vespucio que son familias que han ido heredando el terreno desde sus abuelos. Entonces, iniciativas como este proyecto de ley, no son bien vistas por los pobladores, porque no quieren abandonar a sus familias y no quieren romper su tejido social que se ha ido reconstruyendo lentamente desde los años 90”.
Desde el punto de vista de desarrollador urbano, Eduardo Minder aseguró que ve con buenos ojos iniciativas como las de los alcaldes Lavín y Jadue. Porque a partir de esas propuestas se ha planteado el tema de la integración urbana. Sin embargo, para él, el problema se soluciona llevando la ciudad a los pobres, no los pobres a la ciudad y puntualizó señalando que “ojalá que el proyecto de ley no termine en algo poco aplicable”.
Ante la consulta sobre qué aprendizajes de experiencias anteriores de integración urbana como el de la Villa San Luis en Las Condes, se integran en el proyecto de ley, Pía Mora enfatizó que ”en el proyecto se integra un aprendizaje del pasado: lo vulnerable que es la vivienda social bien ubicada al devenir del mercado; porque el Estado puede hacer una gran inversión pero ese terreno es tan atractivo para el desarrollo privado que es muy vulnerable y el día de mañana pasa lo que pasó en la Villa San Luis que con los años se compró y se desarrolló un polo comercial con oficinas y caro con buena ubicación”.
A partir de ese ese aprendizaje en el proyecto de ley se gravan las viviendas que quedarían en lugares bien ubicados para que se garantice permanezcan siendo utilizadas por personas que son beneficiarios de subsidio. “Hay distintas estrategias desde las políticas públicas para gravar una vivienda y protegerla del mercado. Una es prohibir la venta por un número determinado de años, otro es acotar al comprador nuevo que solo puede ser beneficiario de subsidio, y lo que se ha hecho en otros países es que se desacopla el precio de la vivienda del precio del suelo”, puntualizó.
