|por Sebastián Matamala|
En el pasado mes de abril, la Presidenta de la República dio a conocer la decisión de reintegrar la educación cívica al sistema de enseñanza chileno. Esta medida ya había sido propuesta por un grupo de parlamentarios del Senado. Por su parte, el Colegio de Profesores, también había mostrado interés en que las enseñanzas de estas materias volvieran a ser una práctica pedagógica constante.
En el año 1997, la asignatura de educación cívica fue suprimida del currículo educacional y sus contenidos fueron incorporados a otras, como un eje transversal de temas a distintos ramos. En este contexto, los aspectos relacionados a la enseñanza del civismo comenzaron a ser impartidas en cátedras como Historia o Ciencias Sociales, entre otros, lo que se ha mantenido hasta la actualidad. Como puede suponerse, lo anterior ha provocado una reducción del sentido mismo de la educación cívica.
En este sentido cabe preguntarse ¿por qué es tan relevante que se retome la educación cívica dentro del aula de clases, y que sus contenidos sean enseñados como una asignatura independiente si, en estricto rigor, pudiese argumentarse que ésta nunca abandonó el currículo educacional chileno?
Durante el año 2010, el Ministro de Educación por ese entonces – Joaquín Lavín – daba a conocer los resultados del “Estudio Internacional de Educación Cívica y Formación Ciudadanía”, realizado por la Agencia Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA), que tuvo como objetivo conocer en qué medida los jóvenes están preparados, y dispuestos a asumir su papel como ciudadanos. Al respecto, fueron 38 países a nivel global los que acudieron a esta evaluación, provenientes de cuatro continentes. Referente a las conclusiones de este estudio, se recalcó que Chile presentaba los mejores niveles de educación cívica dentro de los países participantes que provenían de Latinoamérica, no obstante, existieron dos elementos que se pasaron por alto al momento de hablar de estos resultados.
En primer término, en esta medición no participaron todos los países de América Latina, ya que solo concurrieron a esta instancia México, Paraguay, Colombia, Guatemala, República Dominicana y Chile; es decir, solo seis de un total de veinte países que conforman dicha Región, por lo que establecer que Chile es un alumno destacado en conocimientos de civismo, sin conocer la situación del universo regional, sería caer en una visión sesgada de la realidad.
En segundo término, el puntaje que obtuvo nuestro país en la globalidad del mencionado estudio, fue de 483 puntos, cifra que se encuentra por debajo del promedio del nivel internacional de la misma, ubicándose en el puesto 24 de los 38 países evaluados, algo así como de mediana tabla hacia abajo. Si se quiere ser más enfático, los países mejores evaluados alcanzaron puntajes sobre los 570 puntos, como los casos de Finlandia y Dinamarca, precisamente los lugares que se toman en consideración al momento de comparar estándares de calidad de vida.
Además, las cifras que entrega el estudio “Disposición y actitudes hacia el sistema de representación política” realizado por el INJUV en el 2012, ratifican el deterioro que ha sufrido la educación cívica en nuestro país. Según esta medición tan solo el 12% de los encuestados sabe que su distrito es representado por dos diputados; el 45% declara no saber cada cuantos años éstos son elegidos; el 73% no es capaz de nombrar a cinco parlamentarios de la Cámara Baja; y, casi la mitad de los jóvenes creen que dentro de las funciones que posee un diputado está la pavimentación de las calles.
Los datos hablan por sí solos. La modificación al currículo educacional que se dio en 1997, provocó que al distribuir los contenidos de la educación cívica en diferentes asignaturas, se generara un desplazamiento de la enseñanza en materias de civismo frente a los temas troncales de los ramos en que se habían incorporado, relegándolo a un segundo o tercer plano. Las cifras entregadas demuestran el poco conocimiento que presentan los jóvenes en esta materia, lo que ha producido que el objetivo que está detrás del aprendizaje en el saber cívico haya sido apartado a los rincones más alejados del aula, y que la educación cívica se haya transformado en algo ajeno al alumnado.
Según el Doctor en antropología y Máster en sociología política, Juan Cajas Castro, la finalidad de la educación cívica se basa en la formación del ciudadano en su calidad de miembro de una sociedad determinada. Si existen personas mejor preparadas para cumplir este rol y más capaces para afrontar lo que es la vida en democracia – con conocimientos adquiridos respecto de los procesos democráticos, de las instituciones políticas y de la participación en la esfera social – se puede desprender que de alguna manera esto afectaría positivamente al régimen democrático en el cual nos desenvolvemos, tomando en consideración que la democracia va más allá del poder elegir quien nos va a representar en la esfera institucional.
La ecuación es simple y a la vez compleja: mejores ciudadanos es igual a mejor democracia, pero todo esto inmerso en un contexto educacional que en los últimos años ha estado en tela de juicio. Por tanto, la medida – ciertamente necesaria – de volver a instaurar la educación cívica como una asignatura independiente debe ir acompañada de una reforma más integral que garantice una mejor condición a los procesos de enseñanzas de estas materias, debido, a que si éstas son afectadas por la crónica enfermedad de baja calidad que ha afectado al sistema educacional chileno, la constitución del ciudadano volverá a ser precaria y, no logrará el objetivo central: avanzar un paso hacia una mejor vivencia en democracia.