Un nuevo estudio de Ignacio Cienfuegos analiza 70 años de historia institucional en Chile
¿Por qué Chile ha sido considerado uno de los países menos corruptos de América Latina, a pesar de los escándalos que han sacudido su esfera política en las últimas décadas? ¿Qué explica esta relativa excepcionalidad? Una reciente investigación publicada por Ignacio Cienfuegos, investigador y académico del Departamento de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales UAH, junto a Luis Garrido-Vergara de la Universidad de Chile, entrega respuestas sólidas y datos inéditos para comprender cómo se ha configurado la administración pública chilena en los últimos 70 años.
El artículo, titulado “It’s the economy, again! Determinants of corruption in public administration: The Chilean case (1950–2020)”, fue publicado en la revista Public Administration and Development, una revista indexada en Web of Science (WOS) y clasificada en el cuartil Q2 del Social Sciences Citation Index (SSCI). Se trata de una publicación de alto estándar internacional, lo que subraya el impacto y la proyección de esta investigación dentro del campo de la administración pública y las ciencias sociales comparadas.
El principal hallazgo: la economía sí importa
A partir de modelos estadísticos aplicados a series de tiempo entre 1950 y 2020, Cienfuegos y Garrido-Vergara concluyen que el crecimiento económico es, por lejos, el factor más determinante para avanzar hacia una administración pública menos corrupta. Este resultado respalda la hipótesis del “sand the wheels”, que sostiene que altos niveles de corrupción perjudican el desarrollo, mientras que una administración más transparente favorece la productividad y la innovación.
Pero no solo la economía influye. En el corto plazo, también se observa un impacto significativo de la calidad democrática, la existencia de leyes claras y predecibles, y la libertad de prensa. En cambio, factores como los salarios públicos o los mecanismos de contratación meritocrática —típicamente asociados al modelo burocrático weberiano— no muestran efectos consistentes ni significativos, desafiando supuestos comunes en el debate académico y político.
Conversamos con el autor
¿Qué lo motivó a investigar las causas de la corrupción en Chile desde una perspectiva histórica y cuantitativa?
Nos motivó una paradoja. Chile ha sido considerado durante décadas como un “modelo” en América Latina por su estabilidad macroeconómica y sus niveles relativamente bajos de corrupción, y, sin embargo, en los últimos años ha experimentado un deterioro sostenido en sus indicadores de percepción de integridad estatal. Nos pareció fundamental entender qué factores históricos e institucionales permitieron sostener durante tanto tiempo una supuesta administración pública más rigurosa e imparcial, y por qué esos mecanismos hoy parecen estar en tensión.
Además, había un vacío metodológico. La mayoría de los estudios sobre corrupción están enfocados en países del norte global o no son longitudinales. Decidimos construir una serie de tiempo de 70 años (1950–2020) y aplicar modelos econométricos con rezagos para observar tendencias causales y no solo correlaciones. Esto nos permitió identificar no solo qué factores importan, sino cuándo lo hacen, y con qué intensidad.
Uno de los hallazgos más llamativos es que el crecimiento económico tiene un efecto más fuerte que la meritocracia burocrática. ¿Qué lecciones nos deja eso para pensar el rol del Estado hoy?
Ese hallazgo nos obligó a matizar la idea tradicional de que la corrupción se combate principalmente con reglas internas del aparato estatal, como el mérito o los salarios. Si bien estos factores son importantes, nuestros resultados muestran que el crecimiento económico tiene un efecto más sólido, persistente y significativo sobre la mejora en la administración pública.
Esto sugiere que el desarrollo económico genera condiciones estructurales que fortalecen la demanda social por transparencia, aumentan la capacidad de fiscalización de la ciudadanía y permiten financiar instituciones más robustas.
De esta manera, no bastaría con profesionalizar la burocracia si no se acompaña de condiciones materiales e institucionales que den soporte a esa profesionalización. El Estado debe concebirse como un actor articulado con el desarrollo económico y no como un compartimento aislado. Reforzar las capacidades del Estado requiere políticas públicas que alineen crecimiento, democracia e institucionalidad.
¿Por qué es importante seguir investigando temas como la corrupción desde las ciencias sociales?
Porque la corrupción no es solo un problema moral o legal, es un fenómeno estructural, político e institucional, que impacta directamente en la calidad de la democracia, la legitimidad del Estado y la vida cotidiana de las personas. Las ciencias sociales permiten entender los mecanismos, incentivos y contextos en los que la corrupción se reproduce o se controla.
Además, muchas de las respuestas institucionales al problema de la corrupción siguen guiándose por intuiciones o recetas generales. Investigar desde una perspectiva rigurosa —como la que ofrecen la economía, la ciencia política y la administración pública— permite generar evidencia contextualizada, útil para diseñar políticas públicas más efectivas.
Y finalmente, porque en sociedades marcadas por la desigualdad, como las latinoamericanas, la corrupción profundiza la exclusión y mina la confianza en lo público. Investigarla es también una forma de contribuir al fortalecimiento democrático y al bien común.
Un aporte desde la UAH a los desafíos del país
Este trabajo es parte del compromiso de la Facultad de Ciencias Sociales por generar conocimiento riguroso y socialmente relevante. En un contexto donde la confianza institucional es baja y el rol del Estado está en disputa, investigaciones como la del profesor Ignacio Cienfuegos ofrecen herramientas para pensar políticas públicas más efectivas y democráticas.
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