Fuente: El Desconcierto
La pregunta de fondo no es menor: ¿qué se busca realmente al construir al funcionario público como una élite ilegítima? ¿Una modernización del Estado o la erosión simbólica de su legitimidad? En un contexto de creciente desconfianza institucional, convertir al Estado y a quienes lo sostienen cotidianamente en un nuevo enemigo político puede resultar eficaz en términos discursivos, pero profundamente riesgoso para la calidad de procesos de cambios sostenibles en el tiempo.
Se ha reiterado hasta el hartazgo que el populismo no constituye una ideología cerrada, sino más bien una lógica política flexible, capaz de adaptarse tanto a discursos de izquierda como de derecha. Su rasgo central es la construcción de discurso moral antagónico entre un “pueblo” homogéneo y virtuoso y una “élite” presentada como distante, corrupta o egoísta.
Sin embargo, menos atención se ha prestado a una cuestión clave: ¿de qué élites estamos hablando? La literatura especializada sugiere que no existe una élite monolítica, sino al menos tres grandes tipos: la económica, la política y la cultural.
La élite económica suele ser identificable más fácilmente. Está compuesta por grupos que concentran recursos materiales y buscan preservar o expandir su poder, generalmente a través de mecanismos de exclusión del resto de la sociedad. Empresarios, grandes capitalistas o rentistas encarnan esta figura en el imaginario populista clásico. Históricamente, ha sido la izquierda tradicional la que ha construido su antagonismo político en oposición a esta élite, presentándola como moralmente reprochable y responsable de la explotación del “pueblo trabajador”.
La élite política, en cambio, atraviesa el espectro ideológico. Se asocia a una clase dirigente que, tras largos períodos en el poder, desarrolla prácticas de cierre, autorreferencia y, en algunos casos, corrupción. El populismo que se dirige contra esta élite suele prometer una renovación moral y política, presentándose como la voz auténtica que viene a “limpiar o barrer” el sistema y devolver el poder a la ciudadanía.
Por su parte, la élite cultural ocupa un lugar más difuso, pero igualmente relevante. En los últimos años, ha sido especialmente interpelada por sectores de derecha radical o extrema derecha, que la acusan de ejercer una hegemonía ilegítima en el campo de las ideas, la educación, los medios y la producción simbólica. Desde esta perspectiva, la élite cultural impondría valores y visiones del mundo que restringen el pluralismo y el librepensamiento, justificando así llamados a “supervisar” o limitar su influencia.
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