SINDICATOS Y CRISIS
Naturalmente, el aumento de la actividad huelguística, las crecientes tasas de afiliación sindical y el incremento de la confianza en los sindicatos son sólo una parte de la historia. Cualquier proceso de revitalización sindical significativo en Chile se encuentra limitado por un modelo de relaciones laborales basado en los principios del Plan Laboral de 1979. Como ha sido demostrado en innumerables ocasiones, esta legislación restringe el derecho a huelga, así como la negociación colectiva a nivel centralizada o sectorial (Feres 2009; Narbona 2014).
Lamentablemente, eso no cambió con la última reforma llevada a cabo entre 2015 y 2016 (Pérez, 2020). Ello se traduce en que no existen instancias formales para que los sindicatos tengan una voz de peso sobre la regulación de salarios y condiciones de trabajo, así como para que incidan realmente, en momentos de crisis como el actual, en los cambios a la legislación laboral. La experiencia internacional demuestra que cuando este tipo de instancias existen, quienes pueden resultar favorecidos no son sólo los afiliados a los sindicatos, sino que también los sectores más marginados del mercado laboral (por ejemplo, quienes trabajan en ocupaciones precarias e informales) (Rathgeb 2018). En contextos de crisis como éste, ello parece no sólo deseable, sino que también urgente.
En efecto, a pesar de que los sindicatos han ido recuperando su terreno perdido en términos de confianza y nivel de afiliación, la reciente crisis resultante del Covid-19 ha puesto en evidencia dos cuestiones. Primero, las precarias condiciones laborales a las que están expuestos trabajadores y, especialmente, trabajadoras (quienes son las que comúnmente se desempeñan en ocupaciones informales o menos protegidas). Segundo, el bajo poder de negociación que tienen las organizaciones sindicales, así como el poco interés del gobierno en integrarlos a la mesa de discusión.