Fuente: Le Monde Diplomatique
En estos días ha sido motivo de debates y conversaciones obligadas la información de los 17 millones de pago a Marcela Cubillos por desempeñarse como académica de la universidad San Sebastián. Pagos vinculados a autoría de libros, entre otros.
Algunas interrogantes que surgen. ¿Es el sueldo mensual de todas y todos los académicos?
Si fuera así, las universidades estarían reconociendo el trabajo académico, sin embargo, es obvio que esta no es la realidad que viven los cientos de académicos de educación superior a lo largo de todo Chile.
Referente al tema Cubillos se ha planteado que el abultado sueldo se debe a favores políticos, donde el espacio universitario se transforma en un lugar donde van a profitar las/los políticos cuando están en transición entre gobiernos, entonces algunas instituciones de educación superior se transforman en repositorios de personas políticas so pretexto académico.
Otra arista refiere a que la Universidad San Sebastián es una entidad privada con derecho a regular sus sueldos. El tema es la inequidad y la escasa transparencia, considerando que académicas y académicos con basta formación de post-grado, que publican productos académicos, tienen sueldos precarios, con contratos precarizados (Arancibia, 2019).
De allí que el caso de Marcela Cubillos es particularmente paradigmático. Marcela Cubillos, sin estudios de postgrado y sin investigación (ni publicaciones científicas; no aparece en el Portal de Investigadores de ANID), ha logrado ganar casi 7 veces más lo que una académica de su edad está ganando actualmente en el sistema de educación superior chileno. Su salario es incluso más alto que el que acceden académicos de trayectorias destacadas en universidades de élite en el Norte global. (Académicas, investigadoras y docentes universitarias, en Radio UChile, 2024, s. p).
Lo anterior, provoca controversias y un profundo sentido de injusticia, puesto que evidencia lo que sucede en este país respecto de los vínculos de clase y favores políticos que sitúan a las personas en una categoría superior inalcanzable, respecto de quienes no poseen ese capital de influencias. Ciertamente, este supuesto prestigio académico, no está mediado por los méritos, sino que en muchos casos solamente por ser parte de circuitos proco transparentes y obviamente injustos, dando cuenta de otras lógicas de selección para la contratación, en que se instalan sesgos y las redes de poder operan (Chiappa, 2023).
Si bien la Universidad San Sebastián, no está adscrita a gratuidad, recibe dineros del Estado por concepto de adjudicación de proyectos, entre otros,
Según el último estado financiero publicado por la USS, en 2023 registró ingresos por más de $99 mil millones con cargo a recursos públicos, cerca del 30% corresponde a ingresos por Crédito con Aval del Estado y el resto por becas y fondos concursables. Pero hay un registro que no es evidente en sus estados financieros publicados, que son las transferencias y pagos por servicios prestados a organismos públicos. Según los registros de Mercado Público, la Universidad San Sebastián, que hasta dos días atrás tenía a Andrés Chadwick como su presidente, llegó a registrar más de $7 mil millones en órdenes de compra emitidas en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, logrando incluso entrar en el ranking de los primeros 500 proveedores del Estado, en 2021. (CIPER, 2024, s. p)
De esta manera, el caso Cubillos pareciera ser la punta del iceberg de prácticas incrustadas en la Universidad San Sebastián. De hecho, la misma Marcela Cubillos, ha señalado que esta situación es muy común, no solo en la universidad San Sebastián y que incluso solo se ha investigado su caso por el hecho de ser mujer. Por lo tanto, es necesario revisar también lo que sucede en otras universidades con respecto a la transparencia en desvíos de dinero del Estado por concepto de proyectos, becas, fondos concursables, entre otros. Esta es una puerta que debe abrirse, en el sentido de investigar más profundamente estas redes imbricadas profundamente en las instituciones de educación superior. También, el caso puede constituirse en una oportunidad para revisar los procedimientos de los concursos ANID, CNED entre otros. Puesto que cuando se examinan las adjudicaciones a lo largo de los años, en general, son las mismas personas que forman parte de ciertos circuitos y de ciertas elites de universidades.
No es lo mismo legal que legítimo, necesariamente hay un límite ético. No todo aquello que está conforme a la ley es moralmente aceptable. Estas diferencias, parecen no conocerse en algunos círculos de poder donde siempre es posible encontrar ‘ventanas a la ley y, a través de esos espacios beneficiarse de recursos que están destinados al bien común, sobre todo de nuestras/os jóvenes. Las/los académicas/os que compartimos la vida con nuestros estudiantes sabemos que muchas/os de ellas/ellos provienen de sectores sociales desfavorecidos lo que implica que deben compatibilizar trabajo y estudio, por lo tanto, destinar los recursos que son para mejorar la calidad de la educación para provecho individual es un atentado a la justicia social. Este es un hilo muy fino que hay que cortar de raíz.
Las autoras de esta columna somos académicas y nos llama profundamente la atención la cifra recibida de 17 millones y la escasa autocrítica de la implicada. Cabe preguntarse por los sueldos del rector y vicerrectores de la Universidad San Sebastián porque no podrían ser menor a la de una docente. Las/los académicas/os e investigadores de las universidades sabemos que nuestros sueldos poseen un techo establecido por las normativas contractuales relacionadas con las jerarquizaciones académicas. Las publicaciones, docencia de post-grado y adjudicación de proyectos se pueden constituir en ingresos extras, porque poseen otra fuente de financiamiento y los dineros son recibidos una vez al año o una vez al semestre. Estas prerrogativas no son lo común, porque la adjudicación de un proyecto ANID, necesita de evaluación de pares y puede ocurrir que nunca un académico se adjudique un proyecto de este tipo debido, como se señalaba anteriormente, de círculos invisibles de poder interuniversitarios. Incluso, para algunas/os su permanencia laboral en una universidad depende de adjudicarse este tipo de proyecto, lo cual provoca stress mental y angustia porque está en juego su fuente laboral.
Hay quienes justifican el sueldo de Cubillos señalando que es una muy buena académica y obtiene buenas calificaciones de sus estudiantes. Durante este año hemos sido testigo de los numerosos despidos en distintas universidades por problemas de financiamiento, donde la gran mayoría de esas/esos académicas/os poseen buenas evaluaciones docentes, publican y son un aporte. Incluso, no todas/os cuentan con media jornada o jornada completa, un número significativo son académicas/os en calidad contractual precarizada a honorarios, que no poseen un contrato fijo de trabajo, sino que se les paga por el curso o proyecto realizado. Esta realidad se vive porque las universidades han transitado desde la lógica tradicional a una de gestión empresarial donde se compran servicios educativos, bajo el paradigma de la educación de mercado (Arancibia, 2019). Así, han reducido sus plantas académicas externalizando la docencia, resultando complejo adjudicarse un concurso en un staff académico.
En conclusión, si la Universidad San Sebastián hubiera sido más austera en el pago de favores políticos le podrían haber pagado dos millones y medio, lo que se acerca más a la realidad del mercado, para aquellos académicos de alta formación y producción investigativa de impacto o, ¿es un sueldo muy reguleque?, ya que con aquellos con contratación precarizada es mejor no comparar.
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