Sobre la escalada del conflicto en el Wallmapu

Frente a los gravísimos incidentes registrados en la provincia de Malleco, el Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales UAH quisiera expresar su consternación frente a lo ocurrido, a la vez que contribuir dentro de sus capacidades en la búsqueda de soluciones que efectivamente contribuyan a garantizar la plenitud de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes y demás grupos postergados por la sociedad chilena.

Sin entrar a reiterar en denuncias ya formuladas a través de múltiples medios por las diversas instituciones y organizaciones que han estado preocupadas por la crónica violación de los derechos del pueblo Mapuche y otras poblaciones indígenas del país, ocupa a este Departamento invitar a una reflexión acerca de la relación que el Estado chileno, desde su misma fundación, ha mantenido con sus pueblos originarios.

Hechos como lo ocurrido en Ercilla y Traiguén evidencian la precariedad endémica con que la intervención pública ha actuado en los vastos territorios Mapuche del Wallmapu. Más que ello, son el más claro testimonio de la existencia de un Estado (y de una parte importante de su población), que se niega obstinadamente a reconocer la existencia de pueblos originarios que preceden a su constitución y en los que se anidan derechos cuyo ejercicio reclama ser reconocido, promovido y protegido.

Preocupa que desde el siglo XIX hasta la fecha, el Estado chileno haya desconocido no sólo la existencia de los pueblos indígenas y afrodescendientes en su propia constitución sino que haya desoído las voces autorizadas que, con un mayor y mejor conocimiento de la situación, hubiesen podido a buscar mejores soluciones para una convivencia genuinamente intercultural.  

Hoy, y los hechos así lo indican, se incurre en los errores del pasado, con el agravante que la situación se polariza a niveles en que la autoridad es desbordada, inhibiéndose en su actuar. Preocupa que se insista en imponer el imperio de la ley por sobre las consideraciones que cualquier sabio gobierno debiese observar. Como en todo orden de cosas, cabe a la autoridad invitar la concurrencia de especialistas para encarar la conflictiva situación que el propio Estado ha creado en los pueblos originarios. Es aquí donde se advierte que la presencia disciplinaria constituye un camino para poder avanzar en la búsqueda de soluciones. Sin especialistas en el tema, los gobernantes no cuentan con otro recurso que no sea el de la fuerza o el de un sentido común que lo es para ellos pero que dista infinitamente de la realidad que pretenden gobernar.

Invitamos, pues, a las autoridades del país a obrar con sano juicio, a no exacerbar sentimientos agresivos en la población, a establecer una suerte de tregua, a conversar con todas las partes involucradas y a conceder lo que sea necesario para garantizar la paz en un territorio asolado por la violencia. También invitamos a obrar bajo los parámetros y orientaciones que el conocimiento antropológico provee para encarar circunstancias como la actual. Pero, por sobre todo, invitamos al estado y a la sociedad chilena a reconocerse como tributarios del pueblo Mapuche y demás poblaciones a las históricamente se ha postergado.