Haití es una República que al igual que Chile posee tres poderes: el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero que sin embargo se enmarca en un sistema político semi-presidencial, en dónde el Presidente es el Jefe de Estado, pudiendo designar un Primer Ministro, quién a su vez es el responsable del gabinete. Para que dicho acto tenga efectos en el marco del semi-presidencialismo, la Asamblea Nacional debe ratificar al Primer Ministro. Pese a esta organización, existen diversas características y ambivalencias que amenazan constantemente el funcionamiento del sistema político y de la democracia (Dahl, 1976), como la relación que tiene la clase política con el poder y sobre todo por una búsqueda exacerbada de intereses personales, que afectan la legitimidad de la democracia del país. Ejemplo de lo anterior, es que recientemente en un programa político televisivo llamado “Le point”, conocido por analizar la política local, el senador Willot Joseph ha sido enfático en afirmar que distintos senadores y diputados han negociado con la Presidencia para ratificar al ex-primer ministro Jack Guy Lafontant obteniendo con aquello el beneficio de nombrar por su cuenta ministros y altos puestos de la Administración Pública que manejan considerables sumas de dinero. De esta manera, se aprecia cómo se debilita el poder de control de la Asamblea Nacional a causa de la corrupción que por ende afecta a la democracia. Consecuencia de aquello, una gran pérdida de confianza y de credibilidad por parte de la ciudadanía, quienes ya no confían en el saber-hacer de la política local.
Bajo este contexto, una porción importante de la población haitiana se pregunta si los congresistas están actuando de acuerdo a sus propios intereses, o si se trata más bien de un sistema político ineficaz que no permite regular la corrupción. Para poder comprender parte de este problema, entrevisté a un joven haitiano, sociólogo de profesión quien me contó que actualmente hay dos formas para ser parte de la clase política haitiana. Primero, es la idea de ser alguien popular y/o famoso que puede ser entendido como un “líder político”, lo cual conlleva a que personas sin cualificación o estudios lleguen a la escena política impactando gravemente en la calidad de las políticas públicas. En segundo lugar, se trata de personas con estudios y con un nivel intelectual adecuado para legislar pero carentes de una visión ética; inclusive muchos de ellos poseen antecedentes penales y aprovechan su fuero legislativo para protegerse de la justicia. Un caso emblemático es el de un senador que fue detenido por la DEA debido a su participación en el envío de cocaína colombiana a traficantes haitianos antes que fuera exportada a Estados-Unidos según un artículo publicado por un medio local (RFI: 2017).
Este panorama nos permite entender, que la crisis social actual es de orden política y ética, ya que, desde el pasado 26 de agosto hasta la segunda semana de noviembre han habido diversas manifestaciones a lo largo del país por el alza de la gasolina, la mala gestión del “Fondo Petro-Caribe” y la renuncia del Presidente de la República Jovenel Moise. Lo precedente tuvo como corolario un bloqueo total en el país, lo que en Kreyòl se denomina “Peyi Lock”, adicionado a que la Asamblea Nacional no ha podido entrar en sesión hace más de tres meses por carecer de estructura parlamentaria y por falta de presupuesto estatal, ya que no cuentan con locales para sesionar. Además de todo lo anterior, se suma que el mandato de un tercio de los parlamentarios culmina en enero 2020, pese a que ya fue prolongado por un año por un acuerdo político sin participación de la ciudadanía de los distritos en cuestión, tiene al país en un caos de incertidumbre pues es incluso aún desconocido para la población si existirá o no elección en los próximos meses. Lo que viene a apoyar la tesis de una crisis social que se produce a causa de la clase política quienes se han alejado de actuar por el bien común y de acuerdo a la ética y a la altura de los cargos y responsabilidades que representan.
Todo lo relatado es solo una porción de los detonantes de la actual crisis, la cual refleja un descontento de la ciudadanía la cual se siente insegura, poco representada y frente a un futuro incierto, cuyas condiciones no pueden ser lo “suficientemente elucidadas” (Koselleck, 2002: 236). De esta manera, se ha generado una tensión entre la ciudadanía y la clase política pidiendo que se haga una investigación sobre la malversación del fondo “Petro-Caribe” que fue un acuerdo entre Venezuela y Haití y más 18 países de la región en Junio 2005. Acuerdo que tenía como fin promover el acceso a los recursos energéticos, al desarrollo socio-industrial, y a la disminución de la pobreza, por vía de un nuevo esquema de intercambio favorable dirigido a la integración de los pueblos caribeños, mediante el uso soberano de los recursos naturales, equitativo y justo entre los países de la región (FAO-Petro-caribe: 2015). Actualmente, Venezuela suministra petróleo a Haití a precios blandos para comerciar en condiciones ventajosas, con una tasa de interés baja (1%) a un plazo de 25 años, teniendo también la posibilidad de pagar con bienes y servicios sin la participación de intermediarios. Los beneficios de dicho intercambio es fomentar la inversión social y el desarrollo de infraestructura para el país.
Ahora bien, según el primer informe de auditoría de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif – un equivalente de la Contraloría chilena – (CSCCA: 2019), se indica que existen 4.000 millones de dólares de los fondos generados mediante Petro-Caribe, dentro de los cuales, entre 2008-2016, se han presentado un numero importante de irregularidades en su gasto. Es decir, fondos que fueron destinados a proyectos sin estudios, sin respetar los procesos legales, y en dónde ha habido pagos a empresas que no han concluido sus obras. El informe también reveló que todo esto se debió a la falta de control en la entrega de los contratos ya que, unos quince ex-ministros y actuales funcionarios están involucrados en aquellas irregularidades y las empresas vinculadas tienen cercanía con el Poder Ejecutivo; inclusive está involucrada una empresa que dirigía el actual Presidente antes de asumir su mandato el 7 de febrero de 2017.
En conclusión, la situación actual del país es el resultado de un sistema político inoperante, con la participación de políticos corruptos que han elaborado políticas públicas a su medida y beneficio personal por más de dos décadas. La mala gestión de los pocos recursos con los que cuenta el país, y una baja vigilancia de la ciudadanía frente a su clase política. Así hoy la pregunta urgente a responder es ¿qué sociedad queremos construir?. Es claro que el modelo ya no aguanta más, pero también depende de una responsabilización ciudadana frente a los asuntos públicos. Resulta clave repensar la política desde la transparencia, desde el establecimiento de dialogo y con organización ciudadana, todo aquello realiza un llamado a la responsabilidad que tenemos a la hora de elegir a nuestros futuros representantes, ya que cuando la ciudadanía no se preocupa por la política, la política es fácil de corromper.
*Se agradece la lectura y revisión atenta de la Profesora Fabiola Miranda del Departamento de Trabajo Social UAH.
Referencias:
- Emissión “Le point-Haiti” ; https://www.youtube.com/watch?v=a29fyr2GaLk
- FAO-Petro-Caribe; 10 años de Petro-Caribe, energía para la unión, 2015.
- Robert Dahl, Análisis Político Moderno, Fontanella, Barcelona, 1976, págs. 9-21.
- Noticiero RFI “Les voix du monde” http://www.rfi.fr/ameriques/20170106-haiti-arrestation-senateur-elu-guy-philippe
- Koselleck, Reinhart. “Some Questions Regarding the Conceptual History of “Crisis””. The Practice of Conceptual History: Timing History, Spacing Concepts. Stanford: Stanford University Press, 2002: 236-247.
- Audit spécifique de gestion du fonds Petro-Caribe ; Rapport 1 (CSCCA: 2019)