SEÑOR DIRECTOR:
Se sabe que la diferencia en la participación electoral entre sistemas con voto voluntario y sistemas con voto obligatorio parte en 7%. Esto es, el voto obligatorio tiene efectos positivos comprobados sobre el porcentaje de participación, asegurándose que toda la ciudadanía sea parte del proceso electoral y, consecuentemente, representando una mayor cantidad de demandas, opiniones y puntos de vista.
La evidencia muestra que con voto voluntario los sesgos en la participación afectan negativamente a los sectores más vulnerables, puesto que las personas con menores niveles de ingreso y de educación votan menos que aquellas que pertenecen a sectores de mayores recursos socioeconómicos.
Esto tiene efectos directos en la representación y los gobiernos responsables terminan generando políticas públicas orientadas a sus electores, de manera que, si la participación es sesgada, la representación también lo es.
Además, tanto la evidencia científica como la experiencia muestran que el voto obligatorio sin sanciones está lejos de alcanzar su potencial, ya que, cuando no hay sanciones, el sistema tiene los mismos efectos que uno con voto voluntario. En otras palabras, las sanciones son necesarias para que el voto obligatorio tenga los efectos deseados.
Sin embargo, esto no quiere decir que las sanciones tengan que ser exclusivamente económicas o que estas tengan que ser iguales para todos los ciudadanos que infringen la ley de sufragio. Los costos pueden ser pecuniarios pero progresivos en función de los niveles de ingreso de diferentes sectores. También pueden ser administrativos y afectar, por ejemplo, la renovación de documentos como pasaportes o licencias de conducir, entre otros.
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