Juan Cristóbal Peña, director del Departamento de Periodismo.
Fuente: Ciper
En esta columna el autor informa de dos de los últimos fallos que realizó la jueza Ángela Vivanco el mismo día en que fue suspendida como ministra de la Corte Suprema, ambos para ordenar la restitución de los retratos del almirante José Toribio Merino y el general César Mendoza Durán en dependencias de la Armada y Carabineros, respectivamente. “Quizás no basta con desmontar esas fotos de las paredes y galerías. Quizás es mejor dejar el espacio en blanco, un marco sin su tela, un plinto sin busto, un vacío que lleve a preguntarse y a saber por qué hay jefes militares ausentes”, señala.
Fueron sus últimos fallos antes de ser suspendida por sus pares. Y muy probablemente también serán los últimos fallos que se le conozcan como ministra de la Corte Suprema. Ocurrió el lunes 9 de septiembre, el mismo en que fue suspendida y se abrió un cuaderno de remoción en su contra. Ese día se dieron a conocer dos sentencias de la Tercera Sala de la Corte Suprema en las que la todavía ministra Ángela Vivanco y otros integrantes de esa sala ordenaron restituir los retratos que la Armada y Carabineros exhibían del almirante José Toribio Merino y de los generales César Mendoza y Rodolfo Stange, respectivamente. Los dos primeros lideraron el golpe de Estado de 1973 en sus respectivas instituciones. Los tres formaron parte de la llamada Junta Militar de Gobierno y en consecuencia tuvieron responsabilidad en los crímenes de la dictadura.
Fueron dos sentencias distintas, pero ambas coinciden en materias y argumentos.
En una, el fallo refiere a una fotografía y un retrato al óleo del almirante Merino que colgaban al interior de los edificios de la Comandancia en Jefe de la Armada y de la Primera Zona Naval, los dos en Valparaíso. Estaban ahí desde los años de la dictadura, como parte de su decorado y de una historia que la Armada ha llevado con orgullo. Pero un fallo de marzo de 2023 de la Corte de Apelaciones de Santiago había ordenado retirarlos, acogiendo los argumentos del abogado Luis Mariano Rendón, que presentó un recurso de protección en su calidad de víctima y parte de los nóminos de prisioneros políticos y torturados reunidos por la Comisión Valech.
José Toribio Merino Castro (1915-2016), sostuvo Rendón en su alegato ante la Corte de Apelaciones, había usurpado el cargo en 1973, pues se había autodenominado comandante en jefe de la Armada y, en consecuencia, no correspondía atribuirle tal rango. Menos merecía homenaje alguno, agregó, considerando su responsabilidad en “una política sistemática de violaciones a los derechos humanos, con resultado de miles de personas muertas o desaparecidas, y decenas de miles de torturados y presos políticos”.
La resolución judicial del lunes 9 de septiembre último sobre las imágenes de Merino se dio a conocer en paralelo a un segundo fallo de la misma sala de la Corte Suprema, aunque con integrantes distintos, referida a los retratos al óleo de los generales de Carabineros César Mendoza Durán (1918-1996) y Rodolfo Stange Oelckers (1925-2023). En este caso, que tenía su origen en otro recurso presentado por el abogado Rendón, el máximo tribunal de justicia revocó un fallo de de diciembre 2023 de la Corte de Apelaciones de Santiago, que había ordenado retirar las imágenes de los dos jefes policiales que colgaban del Museo de Carabineros, en Santiago, atendiendo al argumento del mismo abogado, que apuntó al “rol que ejercieron Mendoza Durán y Stange Oelckers como responsables de violaciones a los derechos humanos”.
Resulta significativo que ambos fallos de la Corte Suprema hayan sido dados a conocer a dos días de cumplirse el aniversario número 51 del golpe de Estado en Chile. Un capítulo de la historia que a medida que suma años parece más tenso y reñido con un consenso mínimo sobre una condena incondicional a los crímenes de la dictadura. Quizás más que las últimas décadas, quizás más incluso que el año pasado, al conmemorarse cincuenta años del golpe de Estado, los defensores de la dictadura han asomado con más contundencia —y más resonancia en medios de comunicación y redes sociales— para justificar el golpe y todo lo que vino con él.
En ese sentido, los dos pronunciamientos de la Corte Suprema sobre los símbolos de la dictadura parecen acompañar esa tendencia, en sintonía con una ola ya no sólo negacionista, sino reivindicatoria de los crímenes. Crímenes de los que la justicia chilena en dictadura fue cómplice, como lo admitió la misma Corte Suprema en 2013, en un mea culpa histórico, con el reconocimiento de que las violaciones a los derechos humanos fueron en parte posibles gracias a “la omisión de la actividad de jueces de la época” y en especial de las más altas cortes de la justicia, “que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades ilícitas”.
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