Por: Rodolfo Quiroz Rojas, Geógrafo, Coordinador Académico Carrera de Geografía, UAH.
10/04/2014
Tras el evidente retroceso cuantitativo (matrículas) y cualitativo (excelencia académica) de la enseñanza escolar pública de estas últimas décadas, la demanda por la desmunicipalización escolar, se ha consolidado con fuerza y diversidad. En efecto, si durante el 2006 y el 2011 fue la consigna que visibilizó y dio sentido al movimiento secundario, hoy también forma parte del programa de gobierno, gozando de una provechosa reputación entre la mayoría de centros de pensamiento de oposición o gobierno (Educación 2020). El Ministro Eyzaguirre, por su parte, señaló que la desmunicipalización era uno de los puntos de consenso entre la Nueva Mayoría, cuestión nada de fácil entre retroexcavadoras y desagregados desdichos que ya parecen habituales. De uno y otro lado así, se ha sostenido que el problema proviene del traspaso educacional ministerial a las municipalidades y su “mala gestión local”. Esta gestión municipal –se dice- es la responsable que cada año diferentes y similares estadísticas, confirmen la obscenidad social que fundamenta la educación en su conjunto, su carácter de clase. Asimismo, la desmunicipalización se refuerza cuando se devela la fuerte desigualdad territorial que sustenta el régimen municipal chileno, develando sus asimetrías y difíciles marcos financieros que, desde luego, inhiben la práctica educativa. “[…] no permitiremos que la escuela municipal amplifique la desigualdad territorial…vamos a crear servicios locales de educación”, afirmó el Ministro Eyzaguirre, socializando el consenso que busca desvincular la educación escolar pública del municipio como principio básico.
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