Hace cuatro años, buenas noticias nos daban esperanzas respecto a la anhelada reforma de las políticas destinadas a la niñez en Chile; particularmente, en el ámbito de la protección especializada. El anuncio del entonces presidente Sebastián Piñera sobre el fin del SENAME abría un nuevo ordenamiento legal e institucional para los niños, niñas y adolescentes (NNA) a cargo del Estado: la Ley 21.302 (2021) creaba el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, ahora a cargo del Ministerio de Desarrollo Social (ya no del Ministerio de Justicia), y, un año más tarde, la Ley 21.430 de Garantías y Protección Integral de la Niñez y Adolescencia venía a culminar las reformas que adecuaban en el país la legislación de la Convención sobre los Derechos del Niño .
Sin embargo, un poco andar nos encontramos en medio de una notoria discrepancia entre los discursos públicos y las prácticas institucionales. Una vez más, varias voces han alertado respecto a los graves problemas en la implementación del servicio mal llamado (hasta ahora) “Mejor Niñez”. El certificado en los últimos años sobre infancia vulnerada en Chile por organismos nacionales como la Defensoría de la Niñez ( 2024 ), INDH, el Centro de Derechos Humanos-UDP ( 2023 ), entre otros; e internacionales, como la Corte Interamericana y el Comité de Derechos del Niño ( 2022 ) son datos ciertamente alarmantes. Entre otros, estos incluyen: internación de NNA en hogares masivos por causas relacionadas con la exclusión y segregación socioeconómica de sus familias; listas de espera en los programas ambulatorios y residenciales; residencias con administración del Estado sobrepobladas; deterioro de las residencias en términos de infraestructura y condiciones de atención; descoordinación con otros servicios y programas sociales existentes para atender de forma integral el desarrollo e integración social del niño, principalmente en el área de salud mental; violencia generalizada en todas sus formas; e incluso denuncia por explotación sexual de niñas bajo cuidado del Estado [ ver, además, notas previas sobre el tema en CIPER ].
Sin duda, es preocupante en materia de políticas públicas que a poco de iniciada la fase de implementación de una nueva institucionalidad y de sus programas de atención ya se hable de una crisis. Pero es aún más alarmante cuando se trata de una política que está marcada por una larga y conflictiva trayectoria o, mejor dicho, por una crisis permanente en la forma en que el Estado ha asumido la protección a la niñez más vulnerable. Al parecer, nos enfrentamos a un sistema de protección que no ha logrado aprender de los errores del pasado, repitiendo ciertos arreglos institucionales en la práctica de la atención de NNA vulnerados en sus derechos.
Ana Farías , Doctora en Ciencia Política, PUC. Académica del Departamento de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado.
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