Señor director:
En varios momentos del primer semestre de este año fue noticia el desbaratamiento de bandas de narcotraficantes al interior de tomas de terreno de la Región Metropolitana. El mes pasado, supimos de «El sueño de todos», una toma ubicada desde abril de 2020 en un terreno precordillerano, que en un inicio albergó a ochenta familias, y que, según datos del MINVU, es uno de los 289 asentamientos informales creados en pandemia.
No es novedad que el Estado aparezca absolutamente desbordado por el problema de la vivienda, la falta de disponibilidad de suelo, la imposibilidad de acelerar los procesos constructivos, la ausencia de gestión y el mal uso de fondos que se traspasaron a organizaciones sin experiencia han mostrado la falta de prolijidad con la que se ha trabajado en los asentamientos informales. A esto se suma una ausencia de la presencia en el territorio, en donde, si bien desde el Plan de Asentamientos Informales se han desarrollado etapas intermedias de intervención, entre la identificación y la radicación o erradicación del campamento, no se ha dado la cobertura necesaria para estar presentes en todos los territorios que se necesitan.
Tampoco hay una presencia municipal, no todos los gobiernos locales tienen programas de asentamientos informales y muchos de ellos están sobrepasados porque el aumento de población en las comunas ha traído un colapso en el acceso a los servicios de salud, educación y transporte.
En esta ausencia estatal, el problema de las tomas se ha trabajado como un tema de seguridad. Por un lado, seguridad y protección a la propiedad privada, a través de la “Ley de Usurpaciones” y los desalojos efectivos que se han producido en distintos asentamientos; y por otro, algunas intervenciones acotadas asociadas al desbaratamiento de bandas delictuales. Precisamente, la llegada de bandas delictuales a estos territorios se asocia principalmente a la ausencia de Estado.
El frágil tejido social, que se articula en los territorios; la ausencia de condiciones de servicios básicos, como es tener agua, luz y alcantarillado; la débil presencia policial; lo imbricado del territorio y la disposición de las viviendas, entre otros factores; hacen que en muchos casos los campamentos sean un lugar que fácilmente puede ser gobernado por grupos anómicos que imponen normas, dando incluso pie para que se dé la extorsión.
El problema es que el delito se puede desplazar rápidamente de un lugar a otro. No basta con poner el énfasis solamente en la redada y el arresto, porque quienes queden en libertad buscarán lugares con características similares para imponerse a través del miedo, el poder de armas u otras estrategias. De ahí la urgencia de que el Estado se haga presente en los campamentos, que se aborde integralmente la emergencia y consolidación de estos territorios informales, sino tendremos en los próximos años la profundización de la ciudad dual, que por una parte se maneja con las reglas de la ciudad formal y por otro, las que imponen los territorios olvidados.
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