El 18 de Octubre del 2019 ha marcado un antes y un después en la sociedad chilena, y es que después de la dictadura militar el país no había conocido un estallido socio-político de tal magnitud.
El movimiento provocado ha afectado de forma transversal a todos los residentes en Chile, y a cada una de los territorios y comunas que nos componen. Estos han sido escenario de diversas formas de acción colectiva. Reuniones improvisadas, cabildos y asambleas territoriales han empezado a llenar nuestros muros físicos y virtuales, y han visibilizado y fortalecido el anhelo de injerencia pública de ciudadanos y vecinos en muchas de nuestras comunas.
La explosión que siguió a la evasión masiva en el metro, y que fue tomando fuerza bajo el sonido de las cacerolas, vino a encausar un sentimiento contenido, silenciado o invisibilizado, que nos hacía creer en una normalidad que de tanta desigualdad nos había anestesiado.
Institucionalmente el gobierno actuó sin entender la amplitud y simultaneidad del problema. Lanzó a las calles un contingente policial y militar para calmar la revuelta y “asegurar la paz”, pensando que así reconquistaría la falsa ilusión de la estabilidad previa. Luego, viendo que la estabilidad le era esquiva, salió a ofrecer, dos días después, el congelamiento de la tarifa del metro. Posteriormente, cuatro días después, ofreció un paquete de ayudas sociales (pensión e ingreso mínimo garantizado) que tampoco lograron disminuir el malestar detrás del estallido.
Durante los mismos días, la lectura desde las agrupaciones que apoyaban y organizaban caceroleos y protestas reunidas en Unidad Social, planteaban que el estallido era una reacción a las alzas permanente de los servicios básicos, los estancados salarios y la mercantilización de los derechos sociales entre otras razones. Esto obligaba a tener una perspectiva integral para afrontar la crisis, que tuviera al menos tres pilares: disminuir las desigualdades con las que convivíamos a diario en materia de, al menos, pensiones, salarios y salud; modificar uno de los mayores enclaves autoritarios con los que convivimos, la constitución de 1980; y finalmente, devolver a los militares a sus cuarteles, que era un problema adicional que había sumado el gobierno en su errada forma de afrontar la crisis.
En medio de estas experiencias de acción colectiva, decidimos como comunidad universitaria, reunirnos, escucharnos, acompañarnos, pues nuestras vivencias nos sobrepasaban. La universidad se convirtió así en el espacio que posibilitó que estudiantes, egresados y profesores intentáramos entender lo que estaba ocurriendo esos días por las calles de Santiago, para desde ahí ofrecer colaboración desde nuestros saberes y voluntades de cambio.
Desde la comisión de Territorio realizamos una encuesta para saber dónde estábamos participando y trabajando durante esos días, para desde dichas experiencias y lugares, obtener luces que nos permitieran evidenciar los problemas y las posibles soluciones. Esta encuesta, que contó con la participación de todos los actores de nuestra comunidad, nos permitió conocer cerca de cincuenta experiencias de cabildos, asambleas territoriales u otro tipo de acción colectiva desarrollada durante estos días.
A través esta columna quisiéramos compartir algunos de sus principales resultados que a nuestro parecer contienen ideas importantes sobre la manera en cómo las agrupaciones comprenden y expresan su malestar y las soluciones, ambos elementos esenciales en el proceso constituyente que nos viene por delante.
En primer lugar, los cabildos, asambleas territoriales u otro tipo de acción colectiva la mayoría de las veces aparece vinculada con otras organizaciones. De esto se desprende que para hacer frente a lo que ocurrió el 18 de octubre (evidenciar el problema así como pensar la solución) las agrupaciones no han estado solas, y más bien es necesario entender a cada organización como un nodo de relaciones dentro y fuera de su territorio, ya sea con organizaciones similares, eventualmente con el municipio u otro tipo de coordinadora.
En segundo lugar, que estas agrupaciones manifiestan demandas que en la mayoría de los casos vinculan tres aristas: demandas políticas generales (cambio constitucional), con demandas políticas territoriales (autonomía política de los territorios o avance en materia de descentralización), con demandas sociales (sistema de pensión, salud, seguridad ciudadana, transporte, entre otras). De esta manera, lo que el sistema político no ha logrado resolver con claridad, en términos de qué se trabaja antes o después, desde las agrupaciones vecinales, desde los territorios y alianzas, es algo resuelto, se conversa a la vez de temas políticos territoriales y de derechos sociales, así se evidencian los problemas y así se debe avanzar en las soluciones.
Finalmente, en tercer lugar, frente a la pregunta de cuáles podrían ser las necesidades o requerimientos de estas agrupaciones para poder continuar con su trabajo aparecen dos ideas centrales. La primera es profundizar la vinculación que se tiene con otras agrupaciones y, lo segundo es recibir apoyo y difusión de las actividades que realizan.
Este punto nos parece relevante como comunidad universitaria, en tanto nuestro rol como tradicionalmente se ha entendido, no sólo es entregar conocimientos técnicos, sino que también, participar en la construcción colectiva de conocimiento que luego llene de contenido nuestra Constitución.
De esta forma las invitaciones a reunirse, las palabras y lugares seleccionados, las tablas elaboradas, el cómo se entrega la palabra en medio de las reuniones, los materiales utilizados, los tiempos acordados así como la forma de seguir en contacto han creado vocabularios y escenarios ad-hoc para la conversación, construyendo lo que Daniel Cefaï llama “arena política” o llenando de significado la “microfísica del poder” de Michel Foucault.
Este contexto nos está diciendo que las agrupaciones no están solas, que el problema que enfrentamos todos y que ellas discuten es a la vez, múltiple y simultáneo, y que requieren apoyo para la construcción colectiva de las demandas y sus soluciones.
Así, conceptos tales como sociedad, soberanía, autonomía, democracia o territorio – propios de una Constitución – no deben ser entendidos únicamente como temas que “bajan” desde las instituciones políticas y académicas para poder ser llenados por los ciudadanos proactivos, sino también deben ser entendido como un contenido que “sube” desde diferentes poblaciones, villas y cabildos temáticos.
Este es un llamado para el cual la Universidad debe estar disponible, no solo para diseminar el conocimiento que emane de sus investigaciones, sino que para participar y promover el conocimiento comunitario, el cual está siendo creando por diferentes agrupaciones en casi todos los territorios de nuestro país.
Fuente: https://www.eldinamo.cl/blog/el-conocimiento-comunitario-en-medio-del-estallido-social/