Fuente: Ciper
Los sistemas de “patronazgo”, es decir, el uso discrecional del empleo público para los intereses particulares de la coalición o partido que gobierna, son usualmente asociados a formas de clientelismo y corrupción. En su libro “Jobs for the Boys” (algo así como “pega para los cabros”). Merilee Grindle analiza el fenómeno del patronazgo como contrario del mérito, es decir, a un proceso de reclutamiento de los funcionarios públicos bajo estándares competitivos y transparentes, que es el sistema que tienen las democracias avanzadas.
El uso discrecional del empleo público por parte de los gobiernos de turno puede tener distintas motivaciones: para premiar a los militantes de los partidos de gobierno; para el control de la administración pública; y para lograr la adhesión de los partidos oficialistas a través del cuoteo, entre otros. Mencionado en la literatura académica, cierto nivel de patronazgo puede ser útil para gobernar, pudiendo a través de este mecanismo, incentivar la alienación partidaria y, por ende, mayor eficacia en logros de los objetivos políticos de quienes gobiernan.
Existe suficiente evidencia, sin embargo, para aseverar que niveles extendidos de captura política del empleo público, tal como ocurre en la mayoría de los países en Latinoamérica, tiende al menos a la incompetencia estatal, corrupción y desconfianza ciudadana.
¿Y específicamente en Chile, cómo estamos? A mi juicio, mal. Pese a los avances de las décadas pasadas, la “crisis del empleo público” se ha ido exacerbando en el último tiempo. El patronazgo político en Chile sigue siendo una práctica recurrente en la administración pública y con marcada presencia en el nivel municipal. El principal avance ha sido la creación del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), diseñado para reducir el patronazgo, obligando a que ciertos puestos directivos sean concursados en base a mérito. Con todo, el sistema ha probado no resistir los cambios de gobierno, considerando que más del 60% de los directivos seleccionados bajo concursos públicos, son removidos en cada nuevo gobierno y no duran más de 3 años en promedio en el cargo (ocurrió en las sucesivas alternancias de Bachelet-Piñera y lo mismo pasó en el Gobierno del presidente Boric). Esto es problemático, porque un sistema de mérito debe garantizar no solo un reclutamiento bajo criterios objetivos, sino también, la permanencia de dichos funcionarios considerando su desempeño y no la confianza política. Así mismo, los datos indican que los costos monetarios de esta alta rotación son significativos. Solo durante el periodo 2010-2016, $2.822 millones fueron gastados en promedio anualmente, en los procesos de selección de Directivos Públicos.
Ignacio Cienfuegos, director del Magíster en Gobierno y Sociedad y académico del Departamento de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales.
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