Fuente: CIPER
El Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos (De Schutter, 2025) constituye un documento de enorme relevancia política y ética. En él, el relator advierte sobre la expansión del populismo de ultraderecha como síntoma de una crisis estructural del contrato social contemporáneo, derivada de la profundización de las desigualdades, la erosión de la confianza institucional y la deslegitimación de la protección social. Estos procesos interconectados configuran lo que denomina una distopía del bienestar, caracterizada por la vigilancia, la condicionalidad y la exclusión de las personas más vulnerables. Desde una perspectiva de derechos humanos, el informe señala que la democracia se encuentra amenazada por la reconfiguración autoritaria del Estado, la captura del malestar social y el uso político del miedo. En lugar de fortalecer la cohesión social y la igualdad, muchas políticas públicas actuales, en especial en materia de protección social, están reproduciendo un modelo punitivo que legitima la desigualdad y alimenta el resentimiento social.
El informe traza un diagnóstico sobre el retroceso del Estado de bienestar y la consolidación de un paradigma asistencial centrado en la condicionalidad, la meritocracia y la sospecha hacia las personas pobres. De Schutter analiza cómo la transformación de la asistencia social en programas de activación laboral ha convertido el acceso a prestaciones en una carrera de obstáculos condicionada por la búsqueda activa de empleo o la aceptación de trabajos precarios. Este modelo, extendido en Europa y América del Norte, instala la idea de que la pobreza es una falla moral o individual y no un problema estructural. Por tanto, no generan inclusión laboral sostenible, más bien, estas políticas producen precarización, discriminación y estigmatización, afectando de modo particular a mujeres, jóvenes, minorías étnicas y personas con discapacidad. Se identifica una tendencia global hacia la distopía del bienestar, caracterizada por la vigilancia, el control social y el paternalismo estatal. En este nuevo modelo, las poblaciones vulnerables son tratadas como sospechosas o corregibles, más que como sujetos de derechos.
LA DIGITALIZACIÓN DEL BIENESTAR
Otro fenómeno abordado es la digitalización del bienestar mediante sistemas algorítmicos de evaluación de riesgos y control de fraudes. Aunque presentados como mecanismos de eficiencia, estos instrumentos tienden a reproducir sesgos discriminatorios e intensifican la vigilancia sobre las poblaciones pobres. Casos como el escándalo Robodebt en Australia dando cuenta que el uso inadecuado de sistemas automatizados de control generó errores masivos que afectaron injustamente a miles de personas beneficiarias de la seguridad social, evidenciando los riesgos éticos y humanos de la digitalización sin garantías en las políticas de bienestar o las denuncias automatizadas contra familias migrantes en los Países Bajos demuestran que la inteligencia artificial, cuando se aplica sin garantías éticas, puede vulnerar derechos y deshumanizar la gestión del bienestar. Este proceso tiene repercusiones directas en la ética profesional del Trabajo Social, pues en varios países los y las trabajadoras sociales han sido cooptadas para ejecutar políticas de control, verificando el cumplimiento de condicionalidades o denunciando supuestos abusos del sistema. Esta función sancionadora erosiona la confianza con las personas usuarias y distorsiona la misión emancipadora de la profesión, que corre el riesgo de transformarse en brazo burocrático del castigo más que en garante de derechos.
El auge del populismo de ultraderecha, en sus versiones libertaria o nacionalista, se alimenta de una combinación de desigualdad económica, abandono territorial y crisis de reconocimiento. De Schutter documenta la correlación entre el aumento del coeficiente de Gini y el crecimiento del voto autoritario en Europa entre 2002 y 2016, es decir, a mayor desigualdad, menor confianza institucional y mayor disposición a respaldar proyectos que prometen ‘orden’, ‘patria’ o ‘seguridad’. El informe introduce el concepto de chovinismo del bienestar, que describe la tendencia de ciertos gobiernos a restringir los beneficios sociales a los nacionales “merecedores”, excluyendo a migrantes, mujeres, minorías étnicas o personas en situación de pobreza extrema. En este marco, el bienestar deja de ser un derecho universal y se convierte en un privilegio condicionado a la pertenencia nacional o moral. La pobreza deja entonces de percibirse como una injusticia que interpela al Estado, y pasa a considerarse una amenaza o una carga para los “contribuyentes”. Esta mutación ideológica refuerza la división social y debilita los cimientos democráticos, por lo tanto, la promesa de protección que ofrece el populismo autoritario se sostiene en el miedo a la pérdida de estatus y en el temor de las clases medias empobrecidas a descender en la escala social o ser reemplazadas simbólicamente por otros, migrantes, feministas, ambientalistas, percibidos como adversarios culturales.
Lee el texto completo.