Fuente: CIPER
El proyecto de reforma de emergencia que el gobierno presentó a trámite legislativo fue aprobado esta semana. Se trata de un éxito del Ejecutivo que, dada la magnitud y la diversidad de asuntos incluidos en el proyecto, logra aprobarse en un tiempo relativamente breve y con apoyos adicionales al bloque oficialista.
El conjunto de iniciativas tiene como telón de fondo un diagnóstico sobre el país que heredó del período de Gabriel Boric que sostiene que estamos en una situación que justifica medidas de carácter excepcional. Esto fue muy claro en las primeras semanas del gobierno de Kast en donde las declaraciones sobre el «estado de quiebra» de las finanzas públicas fue muy notorio.
Entre las medidas presentadas, se encuentra la exención del pago de contribuciones para todos los propietarios mayores de 65 años, independientemente de cualquier otra consideración. Cabe señalar que ya existe un mecanismo a través del cual los contribuyentes pueden solicitar al SII una rebaja de las contribuciones que puede llegar hasta el 100% dependiendo del rango ingresos. (Ingresos anuales ≤ 13,5 UTA (≈ $11.120.814 en 2026); rebaja del 100%; Ingresos entre 13,5 y 30 UTA (≈ $25.110.360); rebaja del 50%; la rebaja es automática si se cumplen los requisitos)
Esta fue una de las medidas que más controversia generó. El mundo municipalista, tanto oficialista como de oposición, se opuso a las primeras propuestas que no incluían la compensación o que, más adelante, incluían un porcentaje de compensación. El 16 de julio Hacienda presentó una indicación de compensación total (ingresos propios + Fondo Común Municipal –FCM-), y la Comisión Mixta la aprobó el 22 de julio.
Además, abrió otro frente en el debate: el de la desigualdad de recursos de que disponen cada uno de los municipios del país. El argumento de fondo defendido por un grupo de alcaldes opositores (Vodanovic, Delfino, Castro) es distinto y representa la necesidad de reformar el FCM y sus criterios de distribución: solicitan que los ~US$70 millones de ingresos propios se inyecten al FCM y se distribuyan con criterios redistributivos, en vez de reponerse comuna por comuna. Es decir: la compensación congela la estructura actual de ingresos y le resta al FCM su función igualadora hacia adelante. Ese argumento es más fino y sigue vivo.
Es importante comprender la relevancia de las contribuciones para los municipios del país. Desde la aprobación de la Ley de Rentas Municipales durante la dictadura (1979) existe el Fondo Común Municipal (FCM) que es un mecanismo de distribución solidaria entre los municipios que permite transferir recursos desde municipios más ricos hacia municipios más vulnerables. Los recursos propios de los municipios son diversos; incluyen los permisos de circulación, las tasas por servicios, multas, patentes comerciales y las contribuciones. En lo que respecta específicamente a este último ingreso, todos los municipios aportan al FCM el 60% de lo recaudado por concepto del impuesto inmobiliario a excepción de Santiago, Vitacura, Las Condes y Providencia que aportan 65%. Los recursos del FCM se distribuyen 25% en partes iguales entre todos los municipios y 75% en función de criterios de vulnerabilidad socioeconómica y territorial.